La aprobación en España de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética marcó un hito a nivel nacional. Por primera vez, el país cuenta con una ley de este estilo, cuyo fin es conducirnos hacia una descarbonización de nuestra economía, así como el logro de un mundo mucho más sostenible.
Índice
¿Qué es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética?
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética es una ley aprobada por el Gobierno español.
Con su aprobación se presenta una oportunidad para el país desde del punto de vista económico y social. La razón es que facilita una distribución mucho más equitativa de la riqueza, dentro de los procesos de descarbonización.
Por tanto, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en resumen, es una acción política para la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de la transición energética, usada como un vector clave en la sociedad y en la economía.
¿Cuándo entró en vigor la Ley de Cambio Climático?
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, entró en vigor el 22 de mayo de 2021, exactamente un día después de su publicación en el BOE.
Sin embargo, ya desde su aprobación se dejó establecida una excepción. Para los contratos de concesión que estuviesen en ejecución cuando la ley entrase en vigor, el apartado 11 del artículo 15, que es el relativo a las instalaciones de puntos de recarga eléctrica, en caso de concesiones dentro de redes estatales de carreteras, no sería vigente hasta un determinado momento.
Dicho momento sería la entrada en vigor de la disposición reglamentaria que estableciese las obligaciones en materia de instalación de puntos de recarga eléctricos. Su fin, asegurar unas condiciones óptimas de suministro a los vehículos que circulen por las vías citadas.
Esto sucedió con la publicación del Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.
Objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Los objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en resumen, vendrían a ser cuatro. Estos son los que se establecen como mínimos a cumplir para el año 2030.
- Llegar al año 2030 con una penetración de, al menos, un 42% de energías renovables en el consumo final de energía.
- Mejorar nuestra eficiencia energética reduciendo el consumo de energía primaria en un 39,5% como mínimo, en relación con la línea de base acorde a la normativa comunitaria.
- Reducir, para 2030, las emisiones de gases invernadero provocadas por la economía española, en un 23% respecto a 1990.
- Lograr en el año 2030 contar con un sistema eléctrico con un 74% de generación de energía a partir de las renovables.
Del mismo modo y más a largo plazo, la Ley de Cambio Climático dicta que antes del año 2050, España debería lograr la neutralidad climática. También su sistema eléctrico deberá funcionar exclusivamente por fuentes de generación de orígenes renovables.
Puntos clave de la Ley de Cambio Climático
Más allá de los objetivos básicos señalados, estos son algunos de los puntos claves más importantes que se tratan dentro de la ley.
Medidas de adaptación frente a los efectos producidos por el cambio climático
No solo se debe hablar de mitigar los efectos del cambio climático. También es crucial adaptarse a los nuevos escenarios provocados por el mismo.
En consecuencia, la Ley de Cambio Climático contempla el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, conocido por sus siglas PNACC. Su propósito es establecer los criterios, objetivos, ámbitos de aplicación y acciones que sirvan para fomentar la adaptación frente a este problema.
En la ley también se introduce un apartado específico para proteger la biodiversidad. Para ello se debe presentar una estrategia de conservación y restauración de ecosistemas y especies que sean muy sensibles a las consecuencias del cambio climático. Dicha estrategia debe exponerse en un plazo de 3 años.
Energías renovables y la eficiencia energética
A la hora de desarrollar esta ley, el Gobierno plantea la eficiencia energética y la inclusión de las renovables en el mix energético del país como una de las principales claves de reactivación económica a corto plazo. También ve estos aspectos como los pilares de la descarbonización.
Esto es así porque se espera que produzcan una acción tractora sobre los demás sectores y, a la vez:
- Mejoren la competitividad industrial y empresarial.
- Permitan empoderar a la ciudadanía al colocarnos en el centro del sistema energético.
Además de esto, dentro de este punto global, también se debe mencionar la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Con este cambio se pretende flexibilizar y facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo (a través de placas solares) en las comunidades de propietarios, en un plazo máximo de un año.
También se incluye dentro de esa modificación la generación de un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana, así como la generación de electricidad en dominio público hidráulico.
Transporte y movilidad sin emisiones
Sin duda, dentro de los objetivos de sostenibilidad, los sectores energético y automovilístico son los que tienen propuestas más ambiciosas.
Para el año 2050, se quiere alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros que no tengan emisiones directas de CO2, estando establecidas según la normativa comunitaria.
Con este fin se realizará una consulta previa dentro del sector y se tomarán medidas para facilitar la penetración de estos vehículos. Entre las medidas a tomar se incluirán las de apoyo a la I+D+i.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética también da especial relevancia a la movilidad urbana. Se obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes, así como a los territorios insulares, a que tomen planes de movilidad urbana sostenible. Esto deberá hacerse antes de finalizar 2023, con el establecimiento de medidas que mitiguen las emisiones derivadas de la movilidad.
Respecto al tema de las infraestructuras de recarga eléctrica, para garatizar que esta sea suficiente, la ley determina obligaciones sobre su instalación en las estaciones de servicio cuyas ventas de gasolina y gasóleo anuales superen los 5 millones de litros.
Esa infraestructura de recarga tendrá una potencia igual o superior a 150 kW o a 5 kW, dependiendo del volumen de ventas.
También hay cabida para hablar de la movilidad marítima, ya que la protección del ecosistema marino es muy importante en España. Para ello se recoge en el texto la necesidad de la adopción de medidas para reducir las emisiones de los combustibles fósiles en el transporte marítimo y en los puertos.
Medidas de transición justa
El objetivo de las citadas medidas es el mismo que se expone en la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.
Eso implica, identificar colectivos, empresas, sectores y territorios que sean potencialmente vulnerables en el proceso de transición a una economía baja en las emisiones de carbono, entre otras medidas.
La Estrategia de Transición Justa será donde se plasmarán las medidas a tomar. Se tratará de optimizar las oportunidades en el empleo y la actividad, para adoptar decisiones que puedan garantizar un tratamiento igualitario y solidario con las personas trabajadoras y los territorios donde se lleve a cabo dicha transición.
La transición energética y los combustibles
La Ley de Cambio Climático quiere poner fin a la supremacía de los combustibles fósiles.
En palabras de las Naciones Unidas, los combustibles fósiles suponen, a nivel mundial, el 80% de la demanda actual en energía primaria. Además, el sistema energético implica la fuente de 2/3, aproximadamente, de las emisiones de CO2 globales.
Debido a esto, se pretende fomentar la penetración de gases renovables, como el biometano, el hidrógeno, el biogás y otros combustibles, para los que su fabricación haya supuesto:
- El uso de materias primas exclusivamente.
- Energía de origen renovable.
- Permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen vegetal o animal.
Todo ello se llevará a cabo mediante la aprobación de planes específicos.
Además, el texto dispone que no se van a otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos para la investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio español. Eso incluye la zona económica exclusiva, el mar territorial y la plataforma continental.
A pesar de esto, quedaban excluidas aquellas solicitudes de concesión de explotación que estuviesen asociadas a un permiso de investigación vigente o que se encontrasen en tramitación antes de la entrada en vigor de la ley.
Movilización de recursos, «finanzas» verdes y contratación pública
Con las excepciones establecidas por la propia Ley de Cambio Climático, la misma dispone que, al menos un porcentaje dentro de los Presupuestos Generales del Estado, deberán tener un impacto positivo dentro de la lucha contra el cambio climático. Además, dicho porcentaje tendrá que ser revisado al alza, antes de 2025.
En lo que a contratación pública se refiere, la ley prevé incluir dentro de los pliegos de contratación, criterios de adjudicación que se vinculen con la lucha contra el cambio climático. También prescripciones técnicas particulares que establezcan una reducción necesaria de emisiones y de huella de carbono.
Por otro lado:
- La ley recoge las oblicaciones de información del sector financiero y las empresas.
- Se incluye la obligación de que el Gestor Técnico del sistema gasista, la Compañía Logística de Hidrocarburos y el operador del sistema eléctrico, remitan un informe específico. En el mismo se debe hacer un análisis de riesgos y oportunidades asoaciados a un sistema de energía descarbonizado sobre las actividades de cada entidad. También debe incluir sus estrategias y su planficación financiera al respecto.
Con todo ello se da respuesta a un interés creciente en el sector financiero sobre las «finanzas» verdes.
Estos son tan solo algunos de los puntos más relevantes dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, en resumen, es una ley muy ambiciosa y muy necesaria si queremos un futuro saludable.