A día de hoy el Gobierno ultima dos leyes cuyos objetivos se centran en la lucha contra la pobreza.
Desde el propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se dice que hay confianza en que su desarrollo avance a buen ritmo para entrar en tramitación parlamentaria a principios de 2023 y que sean aprobadas por las Cortes antes de que llegue el final de la Legislatura.
En ese sentido, a la Ley de las Familias se le añade ahora la Ley de Servicios Sociales, sobre la que aún no se conocen muchos detalles.
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Los servicios sociales son un conjunto de prestaciones, servicios y actividades que se ofrecen a personas vulnerables por cualquier motivo (edad avanzada, economía, víctimas de delitos, menores de edad, etc.). Estos se prestan de forma privada, con ánimo de lucro o sin él, o bien de manera pública a través del Sistema Público de Servicios Sociales de un territorio. Por ejemplo, un país o una Comunidad Autónoma.
De manera general, los estados de bienestar de las naciones más desarrolladas, reconocen y protegen el derecho de las persoas a recibir servicios y prestaciones a través de un sistema de Servicios Sociales en condiciones de igualdad. Todo ello con el fin de que estas personas puedan desarrollarse de forma plena social e individualmente.
Sin embargo, los Servicios Sociales son quizás la parte más desconocida de los sistemas que dan forma a nuestro Estado de Bienestar. Estos son llamados el «cuarto pilar», pues son los que más tarde se han desarrollado como derecho y los que a día de hoy siguen siendo más difusos para los ciudadanos.
Los Servicios Sociales en España
Los Servicios Sociales (SS) en España presentan una evolución separada entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que han ido asumiendo esta competencia.
Dentro de la Constitución Española, concretamente en su artículo 148.1.20ª, se establece que las CC. AA. pueden asumir las competencias en materia de asistencia social.
Por ello, todas las Comunidades Autónomas españolas tienen asumida, en sus respectivos estatutos de autonomía, la competencia en materia de Servicios Sociales de forma exclusiva. De esta manera, cada autonomía ha aprobado sus propias leyes, definiendo sus principios de orientación, servicios y prestaciones. En el caso de las ciudades Ceuta y Melilla, los SS se rigen por reglamentos.
Durante estos últimos años, muchas de las Comunidades Autónomas han ido realizando una actualización de sus leyes de Servicios Sociales para poder adaptar las normas a la evolución del sector y a las necesidades cambiantes de las familias y la ciudadanía en general.
En ese sentido, mientras que Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana han desarrollado una nueva ley en estos últimos dos años, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía es de 2016 y el resto de territorios contiene leyes de hace una década o más, pero algunos ya están en proceso de actualización.
Todavía se sabe muy poco de la Ley de los Servicios Sociales en España.
Como se ha dicho, se espera que el Consejo de Ministros apruebe su anteproyecto y el de la Ley de Familias en primera vuelta en las próximas semanas y en segunda antes de que finalice el año.
Para ello y para poder cumplir con los plazos, el Ministerio ya está en conversaciones con todas las comunidades para poder avanzar con paso firme.
Junto con la Ley de Familias, la Ley de Servicios Sociales nace con el fin de combatir la pobreza, incluyéndose ambas normas dentro del plan normativo del Gobierno para 2022.
El enfoque de esta ley se centra en el diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el mismo, los servicios sociales en España requieren una mayor cohesión dentro de su sistema de prestaciones.
Esto es así porque las distintas comunidades tienen establecidos sus propios derechos subjetivos vinculados a las prestaciones, pero están muy lejos de la universalidad y se desarrollan de manera muy desigual.
De esa manera existe, por ejemplo, la ley de servicios sociales de Andalucía (Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía) y la Ley de Servicios Sociales de Murcia (Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia), difiriendo entre ellas.
La importancia de la Ley de Servicios Sociales que acabe con la desigualdad entre comunidades viene dada de la realidad de unos grandes desequilibrios entre las mismas.
Estos desequilibrios son conocidos en el tercer sector, es decir, el de las ONG, pero también en el ámbito de la investigación sobre desigualdad en España.
Según la socióloga Begoña Pérez, que colaboró en el informe Foessa, es necesario que en España se establezca un mecanismo de redistribución territorial. Esto es así porque la pobreza no se encuentra repartida en todos los territorios por igual, sino que está mucho más presente en las comunidades que tienen un peor tejido de servicios sociales y peor tejido económico.
Además, esa desigualdad también quedó patente en un informe publicado en junio de este año por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. De él se extrae que esas grandes diferencias en los servicios sociales, implican, a su vez, una gran desigualdad de oportunidades.
Entre los principales objetivos de la Ley de Servicios Sociales, que pretende unificar ciertos aspectos en este ámbito en el territorio español, se encuentran los que siguen.
Garantizar unos mínimos de calidad para toda la población
Como se ha mencionado, cada Comunidad Autónoma de España cuenta con sus propias leyes sobre el ámbito de los servicios sociales. Esto provoca que existan diferencias muy relevantes en la protección que las personas reciben.
Por ello, la nueva Ley de Servicios Sociales, sin entrar a cuestionar la competencia de las autonomías en la materia, pretende establecer unos mínimos básicos de calidad que los servicios sociales estarán obligados a aportar.
Esos mínimos no podrán ser establecidos por el Gobierno, pero sí se acordarán por el Consejo Interterritorial de Derechos Sociales que reúne al Ejecutivo con las comunidades y los representantes de la administración local.
En definitiva, lo que se pretende es crear un suelo común de prestaciones y servicios que deben ser un derecho subjetivo en toda España, así como unos estándares mínimos de calidad en su prestación y unos criterios de evaluación.
Orden y delimitación de competencias
Es bastante común que en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, Galicia, Asturias, etc., prácticamente en todas, salvo alguna excepción como la de la Comunidad Valenciana, no tengan delimitadas con claridad las competencias.
Eso hace que existan muchas dudas sobre qué administración (comunidad o ayuntamiento) tienen que hacerse cargo de cada servicio.
Con la nueva ley de los Servicios Sociales en España se busca asegurar una gobernanza entre los diferentes niveles de la administración, garantizando además que la prestación llega al ciudadano, aunque no esté en su municipio de origen. Esto es porque a día de hoy, en muchas de las normas autonómicas, la persona debe estar empadronada dos años en el mismo lugar para disfrutar de un servicio básico. Esto se quiere corregir.
Además, la ley pretende poner orden de manera general en el ámbito de los servicios sociales, en lo que a las múltiples leyes estatales y autonómicas se refiere sobre temas como violencia de género, dependencia o infancia.
Las políticas de inclusión social
La nueva Ley de Servicios Sociales que quiere acabar con las desigualdades en las comunidades, abarca los servicios sociales que están recogidos en el catálogo vigente. Sin embargo, estos se considera que están obsoletos y que tendrán que ser actualizados por el Consejo Interterritorial.
Actualmente, ese catálogo contiene siete grandes políticas para la inclusión social:
- Información, orientación, asesoramiento, diagnóstico y valoración.
- Autonomía personal y atención a domicilio.
- Apoyo familiar.
- Protección de menores.
- Atención en residencias.
- Prevención.
- Protección jurídica.
A estas políticas habría que sumar en el catálogo la renta mínima de inserción, las prestaciones para dependencia y la ayuda para víctimas de violencia de género.
Para poder fijarse unos mínimos en este tipo de servicios se plantea ir más allá de la propia definición de los mismos y fijar un punto en el que se garantice que la persona que va a recibir la prestación llega a las condiciones deseadas por la política que le atañe.
Un ejemplo es el que tienen que ver con los alojamientos, de los cuales se puede decir que en algunas comunidades no son tan dignos como en otras.
Sin embargo, a día de hoy hay mucha consciencia sobre el hecho de que, tras la formulación de la norma, deberá realizarse un debate sobre cuánto tendrá que aportar cada administración.
Mejorar la gestión de datos
La Ley de Servicios Sociales en España también pretender recoger medidas que mejoren la gestión de los datos.
La pandemia por Covid-19 reveló un déficit en los mismos cuando se descubrió que no había datos agregados fiables para tomar decisiones urgentes.
Reducción de las barreras de acceso a los servicios sociales
Además, otro objetivo presente en la norma será reducir las barreras de acceso a la que se enfrentan los ciudadanos en los servicios sociales, que pueden llegar a ser consideradas de violencia administrativa.
La ley establecerá como esencial a los servicios sociales, los cuales deberán ser garantizados más allá de la coyuntura.
Eso va a suponer un cambio de cultura en las administraciones, puesto que estas serán las que tendrán que adaptarse a los usuarios, en lugar de ser al revés.
Tendremos que esperar aún para ver el resultado final tanto de esta norma como de la Ley de Familias, la cual, entre otros aspectos, pretende aumentar las ayudas para la conciliación.